Reproducimos una nota del diario La Capital a Carlos Fernandez, Secretario de Finanzas Públicas de la provincia, reproducida por La chinche flaca digital
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La falta de inversión social es una inmoralidad.Por Mario Drisun
La sociedad santafesina observa con satisfacción y tranquilidad, por estos días, hechos paradigmáticos como la sanción al ex juez Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos, la rectificación del fallo en el caso Fraticelli, o la anulación de la jubilación de privilegio mal otorgada al ex juez de la Corte Rodolfo Vigo. Causas que no habían sido resueltas, poniendo al desnudo situaciones de connivencia entre la mala política y los distintos niveles del Estado.
Hay todavía cuestiones básicas de la sociedad que quedan por saldar, pero es innegable que la Justicia y la calidad institucional en materia de control de los actos de la administración pública avanzan en la provincia de Santa Fe, donde hoy el Poder Ejecutivo ya no designa arbitrariamente a los magistrados y a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
A tal fin, se establecieron mecanismos para que las mujeres y hombres más idóneos y comprometidos con la democracia accedan a esos cargos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. En ese mismo sentido, se estableció un sistema de selección para el ingreso a la Administración Pública y se restablecieron los concursos para la carrera administrativa, con acuerdo de los gremios.
De este modo se está poniendo freno a la inmoralidad y a la impunidad en nuestras tierras. No sólo por la acción de un gobierno en particular, sino también por un mayor nivel de madurez y conciencia ciudadana y de las instituciones de la sociedad civil, que se manifestó oportunamente, por ejemplo, para reclamar la anulación de la absurda ley de lemas, que permitió, durante tantos años, burlar la voluntad de las mayorías en nuestra provincia.
La clara falta de políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la provincia durante 24 años es, precisamente, inmoral.
>> La educación pública sin proyecto, con edificios derruidos, con escasos bancos para dar respuestas a las crecientes necesidades, obligó al gobierno del Frente Progresista a crear 186 escuelas nuevas para cumplir con la obligatoriedad de la escolaridad secundaria dispuesta por la ley nacional; además de la titularización de 10.000 maestros, que en algunos casos llevaban más de 20 años sin poder concursar.
>> Ciudadanos obligados a mendigar el derecho a la salud en largas esperas para resolver necesidades sanitarias básicas, en hospitales sin proyecto de crecimiento estratégico que se convirtieron en inhabitables edificios con paredes húmedas y descascaradas, con trabajadores en gran parte desmotivados por la impresión de que ya nada se podía cambiar. Esto también es inmoralidad.
Para subsanar esta situación, el gobierno de Hermes Binner puso en marcha una profunda reestructuración del sistema público de salud, que contempla la construcción y equipamiento de ocho nuevos hospitales y 80 nuevos centros de atención primaria de la salud en toda la provincia. Esta política de acceso universal e igualitario a la salud ya consiguió, entre otros logros, la disminución del índice de mortalidad infantil.
>> Es inmoral que casi la mitad de nuestra población no tenga agua potable que le permita vivir con dignidad.
El gobierno progresista formuló un plan para abastecer a todos los ciudadanos de la provincia, a través de la construcción de un sistema de 12 grandes acueductos. Y mientras tanto, se asiste a las poblaciones más perjudicadas y se proveen soluciones puntuales para permitir el autoabastecimiento.
El senador Juan Carlos Mercier, consciente de que los recursos son necesarios para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, a través de la inversión social, recorta el Presupuesto y modifica la reforma tributaria beneficiando con esto a los sectores concentrados de las economía que “ahorran” 600 millones. ¿Esto es moral?
¿Qué moral lo llevó a definir la privatización del banco de fomento de los santafesinos?
¿Cuál es la moral que permite a los distintos sectores del Partido Justicialista unirse para achicar el Presupuesto y realizar un brutal recorte de tributos, que debían aportar los sectores de mayor capacidad contributiva de nuestra provincia para garantizar los derechos de la mayoría?
¿Cuál es la moral que permite al PJ sostener ideólogos que primero participaron de los gobiernos de facto en nuestra provincia y luego ejecutaron las políticas de achicamiento del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos?
El proyecto de gobierno del Frente Progresista, su propuesta de inversión social, no sólo fue votada democráticamente en las urnas; también fue ratificada en proyectos concretos surgidos de las Asambleas Ciudadanas masivas, realizadas en todo el territorio, donde se consensuó un Plan Estratégico a 20 años para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los santafesinos.
La convocatoria es a unirnos, no en defensa de un gobierno solamente, sino de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Este gobierno, moral, trabaja para esto.
Hay todavía cuestiones básicas de la sociedad que quedan por saldar, pero es innegable que la Justicia y la calidad institucional en materia de control de los actos de la administración pública avanzan en la provincia de Santa Fe, donde hoy el Poder Ejecutivo ya no designa arbitrariamente a los magistrados y a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
A tal fin, se establecieron mecanismos para que las mujeres y hombres más idóneos y comprometidos con la democracia accedan a esos cargos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. En ese mismo sentido, se estableció un sistema de selección para el ingreso a la Administración Pública y se restablecieron los concursos para la carrera administrativa, con acuerdo de los gremios.
De este modo se está poniendo freno a la inmoralidad y a la impunidad en nuestras tierras. No sólo por la acción de un gobierno en particular, sino también por un mayor nivel de madurez y conciencia ciudadana y de las instituciones de la sociedad civil, que se manifestó oportunamente, por ejemplo, para reclamar la anulación de la absurda ley de lemas, que permitió, durante tantos años, burlar la voluntad de las mayorías en nuestra provincia.
La clara falta de políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la provincia durante 24 años es, precisamente, inmoral.
>> La educación pública sin proyecto, con edificios derruidos, con escasos bancos para dar respuestas a las crecientes necesidades, obligó al gobierno del Frente Progresista a crear 186 escuelas nuevas para cumplir con la obligatoriedad de la escolaridad secundaria dispuesta por la ley nacional; además de la titularización de 10.000 maestros, que en algunos casos llevaban más de 20 años sin poder concursar.
>> Ciudadanos obligados a mendigar el derecho a la salud en largas esperas para resolver necesidades sanitarias básicas, en hospitales sin proyecto de crecimiento estratégico que se convirtieron en inhabitables edificios con paredes húmedas y descascaradas, con trabajadores en gran parte desmotivados por la impresión de que ya nada se podía cambiar. Esto también es inmoralidad.
Para subsanar esta situación, el gobierno de Hermes Binner puso en marcha una profunda reestructuración del sistema público de salud, que contempla la construcción y equipamiento de ocho nuevos hospitales y 80 nuevos centros de atención primaria de la salud en toda la provincia. Esta política de acceso universal e igualitario a la salud ya consiguió, entre otros logros, la disminución del índice de mortalidad infantil.
>> Es inmoral que casi la mitad de nuestra población no tenga agua potable que le permita vivir con dignidad.
El gobierno progresista formuló un plan para abastecer a todos los ciudadanos de la provincia, a través de la construcción de un sistema de 12 grandes acueductos. Y mientras tanto, se asiste a las poblaciones más perjudicadas y se proveen soluciones puntuales para permitir el autoabastecimiento.
El senador Juan Carlos Mercier, consciente de que los recursos son necesarios para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, a través de la inversión social, recorta el Presupuesto y modifica la reforma tributaria beneficiando con esto a los sectores concentrados de las economía que “ahorran” 600 millones. ¿Esto es moral?
¿Qué moral lo llevó a definir la privatización del banco de fomento de los santafesinos?
¿Cuál es la moral que permite a los distintos sectores del Partido Justicialista unirse para achicar el Presupuesto y realizar un brutal recorte de tributos, que debían aportar los sectores de mayor capacidad contributiva de nuestra provincia para garantizar los derechos de la mayoría?
¿Cuál es la moral que permite al PJ sostener ideólogos que primero participaron de los gobiernos de facto en nuestra provincia y luego ejecutaron las políticas de achicamiento del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos?
El proyecto de gobierno del Frente Progresista, su propuesta de inversión social, no sólo fue votada democráticamente en las urnas; también fue ratificada en proyectos concretos surgidos de las Asambleas Ciudadanas masivas, realizadas en todo el territorio, donde se consensuó un Plan Estratégico a 20 años para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los santafesinos.
La convocatoria es a unirnos, no en defensa de un gobierno solamente, sino de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Este gobierno, moral, trabaja para esto.
"Lo que debiera hacer el radicalismo". Por Jesús Rodríguez
Una mirada posible de la acción política es la de trasladar los limites que las condiciones sociales y las instituciones imponen a los distintos proyectos en pugna en cada momento histórico.
Hoy, cuando la Administración Justicialista enfrenta los límites que la voluntad popular le fijó en la última elección, a través de las decisiones de otros instancias de poder en un sistema de gobierno republicano, como lo son el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de justicia, cabe preguntarse cual es la principal responsabilidad que le cabe a la UCR, principal fuerza política de oposición en la Argentina.
Es, sin duda, la de contribuir a la formulación de una propuesta de transformación que iguale las oportunidades de todos, garantice la convivencia pacifica y promueva las garantías y derechos democráticos.
Ello exige, en primer lugar, ser preciso en el orden de prelación de las prioridades: primero el programa, discutido y concertado, con las otras fuerzas políticas signatarias del Acuerdo Cívico y Social que demuestre -de manera indubitable- la coincidencia en la comprensión de la magnitud de los desafíos que deberemos enfrentar luego de una década de gobierno justicialista.
Al mismo tiempo, la conformación de los equipos interdisciplinarios a través de una convocatoria amplia, plural y federal que ofrezca a científicos, profesionales y técnicos con vocación de protagonismo una posición de responsabilidad en la formulación del programa de cambio y progreso social.
Finalmente, la selección de los candidatos que representarán en las urnas esa propuesta de gobernabilidad y cambio democrático.
Alterar ese orden lógico seria desoír el reclamo social de unidad en la acción política y, también, favorecer la estrategia divisionista del oficialismo.
Por eso, una responsabilidad primordial del Radicalismo es, sabedores de que nada es duradero sin la fortaleza de las instituciones pero tampoco nada es posible sin la obra de los hombres, preservar la competitividad y ampliar las potencialidades de todos los candidatos de signo radical portadores de la esperanza de cambio social; del espíritu de dialogo y consenso político; de la convicción del fortalecimiento institucional; de la vocación de integración federal y de la voluntad de reinserción internacional de la Nación Argentina.
Hoy, cuando la Administración Justicialista enfrenta los límites que la voluntad popular le fijó en la última elección, a través de las decisiones de otros instancias de poder en un sistema de gobierno republicano, como lo son el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de justicia, cabe preguntarse cual es la principal responsabilidad que le cabe a la UCR, principal fuerza política de oposición en la Argentina.
Es, sin duda, la de contribuir a la formulación de una propuesta de transformación que iguale las oportunidades de todos, garantice la convivencia pacifica y promueva las garantías y derechos democráticos.
Ello exige, en primer lugar, ser preciso en el orden de prelación de las prioridades: primero el programa, discutido y concertado, con las otras fuerzas políticas signatarias del Acuerdo Cívico y Social que demuestre -de manera indubitable- la coincidencia en la comprensión de la magnitud de los desafíos que deberemos enfrentar luego de una década de gobierno justicialista.
Al mismo tiempo, la conformación de los equipos interdisciplinarios a través de una convocatoria amplia, plural y federal que ofrezca a científicos, profesionales y técnicos con vocación de protagonismo una posición de responsabilidad en la formulación del programa de cambio y progreso social.
Finalmente, la selección de los candidatos que representarán en las urnas esa propuesta de gobernabilidad y cambio democrático.
Alterar ese orden lógico seria desoír el reclamo social de unidad en la acción política y, también, favorecer la estrategia divisionista del oficialismo.
Por eso, una responsabilidad primordial del Radicalismo es, sabedores de que nada es duradero sin la fortaleza de las instituciones pero tampoco nada es posible sin la obra de los hombres, preservar la competitividad y ampliar las potencialidades de todos los candidatos de signo radical portadores de la esperanza de cambio social; del espíritu de dialogo y consenso político; de la convicción del fortalecimiento institucional; de la vocación de integración federal y de la voluntad de reinserción internacional de la Nación Argentina.
EL PUERTO DE ROSARIO SUPERO LA CRISIS Y ESTA EN CONDICIONES DE INICIAR UNA NUEVA ETAPA
A pesar de la crisis internacional y la gravísima situación que atravesó la empresa Terminal Puerto Rosario, que determinó la salida del anterior presidente de su directorio y la posterior convocatoria a concurso de Acreedore, el puerto de la ciudad nunca dejó de crecer poniéndose en evidencia un Incrementos de cargas y del movimiento de buques.
Ángel Elías, presidente del Ente Administrador del ENAPRO, habló de la gestión llevada adelante estos dos años, en los que se enfrentó la crisis internacional y la crisis final de la empresa a la que el justicialismo le otorgó la concesión de la terminal multimodal del puerto de Rosario en el año 2002, en un controvertido proceso adjudicatario. Señaló que "cuando todo hacía prever una situación explosiva en el puerto de Rosario nada ocurrió, porque con un exitoso manejo de la emergencia se evitó la interrupción de la actividad portuaria y la perdida de puestos de trabajo”.
La recuperación de la actividad
“Lo significativo es que mas allá de haberse evitado una grave crisis se dio una reactivación que permitió mantener las frecuencias de las líneas navieras , se produjo un progresivo mejoramiento de las relaciones co los trabajadores, se consolidaron y recuperaron cargas históricas, entre ellas las vinculadas a las acerias de la región y se operó con niveles crecientes en el tráfico de contenedores. Las facturaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2009 y las opiniones de los distintos miembros del Consejo Consultivo permiten verificar esta nueva situación”.
Elías señaló que “en enero de 2008 al puerto de Rosario llegaba una sola barcaza que lo unía con Buenos Aires sin una periodicidad establecida, lo que dificultaba las operaciones de los agentes locales; hoy funcionan dos barcazas con regularidad y un buque de la Empresa MSC que permite unir Rosario con cualquier destino importante del mundo sin pasar por Buenos Aires para hacer aduana”. En ese sentido mencionó que en contenedores entre diciembre de 2007 y diciembre del 2008 el aumento de los movimientos fue del 100%, se pasó de 22.000 a 46.000 contenedores, cifra que se mantuvo en el 2009 aún con la crisis internacional y la empresa concesionaria en Concurso de acreedores; el otro dato relevante es que también las cargas a granel se duplicaron.
La salida del conflicto
Elías explicó en relación a los conflictos en la terminal multipropósito que “el nudo del problema comenzó a desatarse con el alejamiento del titular de la empresa TPR, el consecuente cambio del directorio y la contratación de un nuevo gerenciamiento, en un contexto no traumático y de respeto a la juridicidad. En ese proceso la nueva dirección de la terminal retomó el control de la operatoria de las cargas a granel y de contenedores que habían sido cedidas a terceras empresas, lo que significó un claro mejoramiento de las condiciones formales de la concesión”.
“Por supuesto que estos cambios se dieron en el marco de numerosos conflictos suscitados con los acreedores públicos y privados y ante situaciones de incertidumbre de los trabajadores de las terminales y del ente, sin embargo en ningún caso se resintió la actividad portuaria ni la paz social”, comentó el presidente de la entidad. Además agregó que “el cambio en el directorio de la empresa y el nuevo gerenciamiento permitieron la normalización operativa de la terminal e inmediatamente se da la decisión empresaria de presentarse a concurso preventivo de acreedores. El ente actuó durante todo este proceso con unanimidad de los miembros de su directorio y contestó los dos requerimientos de información de la justicia con absoluta claridad y fue en relación a los mismos que la jueza actuante en el concurso dictó una medida cautelar que plantea no innovar en relación al contrato de concesión hasta la finalización del proceso concursal. El concurso que se esta desarrollando en el ámbito de la justicia permitirá la determinación de la deuda de la empresa y será la base de las estrategias a seguir por la empresa y por el Ente.
“En una situación de estas características, que la actual gestión del Enapro heredó, la oposición política desvió deliberadamente el análisis desconociendo la frontera entre cumplimiento formal de los requisitos de la concesión (que es el papel que desempeña el Ente) y el desempeño comercial de la firma que en todo sentido pertenece a la órbita del accionar privado”, acotó Elías.
El titular del ENAPRO expresó que “los controles fueron eficaces y llevaron al anterior titular de Terminal Puerto Rosario (TPR), a una situación que determino su salida”. Y agregó que “en realidad el problema surge con la concesión original del 2002, por el proceso de adjdicación y las características del grupo adjudicatario”.
“Lo importante es destacar que se encontró una salida no traumática que permitió que no se perdiera ni un puesto de trabajo, ni se discontinuara la actividad portuaria, durante la crisis final que atravesó la anterior conducción de la empresa TPR”, agregó Elías. Por otra parte, “esta gestión del Enapro no autorizó ningún contrato del concesionario con terceras empresas, como si se hizo en anteriores gestiones y tomó todas sus decisiones por unanimidad de sus miembros”, afirmó.
Por último, Elías explicó que tanto él como su equipo concurrieron a la Cámara de Diputados, dieron todas las explicaciones de la crisis de TPR y de lo que viene aconteciendo en la convocatoria de acreedores y pusieron a disposición de los legisladores toda la información que requirieran”.
La resolución de la crisis y el futuro del puerto
Elías señaló que “en estos días la empresa Aotsa que es la contratada por TPR para llevar adelante el gerenciamiento ha manifestado interés en adquirir acciones de la empresa concesionaria. Esta es la próxima alternativa a evaluar por el consejo directivo del ente, que lo hará analizando pormenorizadamente los requisitos planteados en el pliego y el contrato de concesión y siguiendo atentamente la evolución del Concurso de Acreedores.”
También dijo que una vez que se produjo el cambio del gerenciamiento de TPR se constituyó con funcionarios de la nueva dirección de TPR y del ENAPRO una comisión de control y seguimiento de la concesión. “El equipo que llevó adelante la gestión iniciada en 2008 está integrado por profesionales con formación técnica y política y respondió con idoneidad a las gravísimas derivaciones de la crisis de TPR”, agregó Elías.
Elías sostuvo que “la realidad objetiva indica que el puerto esta funcionando. La crisis de TPR está encauzada y se sentaron las bases de una nueva etapa” y agregó que “durante estos dos años funcionó un Consejo Consultivo con la participación de todos los miembros de la comunidad portuaria para ir monitoreando la calidad del servicio y se trabajó potenciando el Centro de Negocios Internacionales para acompañar una política de promoción del Puerto con el objetivo de atraer cargas y mejorar la vinculación con los empresarios para incentivarlos a realizar sus operaciones por el puerto local”.
Agregó también que “se comenzó a trabajar con la Universidad de Rosario en la rediscusión del Plan Maestro y el Plan Estratégico del puerto para pensar su funcionalidad de acá a 20 años”.
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